Un objetivo popular básico para las próximas convocatorias electorales
El sistema de la Transición
La proximidad de procesos electorales, de forma especial las legislativas de 2.015, obligan a preguntarnos qué es lo que tenemos que proponer y cómo debemos hacerlo para convertir en realidad ese esperado cambio sustancial en el voto de los electores. Las expectativas que ofrecen los sondeos de opinión apuntan a un importante retroceso del bipartidismo, tanto por la eclosión de un voto muy sensible a la corrupción, como por las secuelas muy generalizadas de la crisis económica del sistema.
Si analizamos las consecuencias que ha producido el sistema de la Transición y su Constitución -a quiénes ha beneficiado y a quiénes les ha perjudicado-, veremos con claridad que hoy es insostenible un cambio en la correlación de fuerzas que permita políticas sensibles a los intereses obreros y populares a través de su participación y protagonismo si no es en el marco de un nuevo escenario de “república democrática” mediante un proceso real de ruptura democrática.
La Transición, fruto de un pacto entre las fuerzas sociales, políticas y económicas de la dictadura franquista y las de las derechas nacionalistas, socialdemócrata y eurocomunista, auspiciado por el imperialismo, fortaleció el poder de la oligarquía en detrimento de los intereses obreros y populares con la instauración de un orden constitucional de evidente déficit democrático.
Así, el poder de la Banca hoy es muy superior al que disponía en las postrimerías del franquismo. Disminuye el sector público en beneficio de la banca privada. La exuberancia de los beneficios de ésta, aun en tiempos de crisis, es muy superior a la que obtiene en otros países del entorno europeo, y guarda relación directa con la carestía de los créditos y las dificultades para la financiación de la actividad económica, lo que se ha traducido en la imposición de peores condiciones de trabajo mediante sucesivas reformas laborales, destrucción sistemática de empleo y trabajo cada vez más precario.
Pese al carácter aconfesional – que no es lo mismo que laico - del Estado que proclama la Constitución del 78, el poder y los privilegios de la Iglesia Católica no han mermado ni mucho menos. Tal vez lo contrario. Así, la presencia en la educación a través de centros concertados confesionales, en los que el Estado subvenciona el adoctrinamiento católico. Su poder económico no deja de crecer con un patrimonio que se alimenta por vía testamentaria y la inmatriculación de bienes por la mera certificación obispal de dominio, sin olvidar las aportaciones presupuestarias anuales que han subido del 0,5% del impuesto sobre la renta de las personas físicas al 0,7% en 2.007. Se suma además, el abono de los salarios de los profesores de religión, los conciertos educativos, el privilegio de la exención de impuestos, ayudas directas para el sostenimiento del patrimonio artístico e inmobiliario, desgravación de las donaciones, etc. Más de 5.000 millones de euros anuales. El total de la transferencia presupuestaria en 2.012 alcanzó los 6.000 millones de euros. Un importe cercano a la nómina mensual de todos los pensionistas de España. O lo que es lo mismo, la doceava parte del presupuesto anual del total de las pensiones contributivas.